Un grupo de al menos 30 presos políticos fueron trasladados este lunes 19 de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) al Internado Judicial El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.
La información fue confirmada por el Foro Penal Venezolano en sus redes sociales. Según la organización, uno de los trasladados sería el teniente coronel (Ej.) Igbert Marín Chaparro. Hasta los momentos se desconocen las causas del traslado de la sede de la Dgcim en Boleíta a una cárcel común.
En el caso de Marín Chaparro, se encontraba detenido en la sede de la Dgcim desde marzo de 2018, tras ser acusado de estar incurso en una supuesta conspiración. Fue acusado junto a los tenientes coroneles Deibis Mota Marrero, Carlos Peña Palmentieri y Víctor Soto Méndez por los supuestos delitos de instigación a la rebelión, contra el decoro militar y traición a la patria.
#19F ATENCIÓN: Informan familiares que varios presos políticos fueron trasladados el día de hoy del DGCIM Boleíta al Rodeo I. Entre ellos, Igbert Marín Chaparro. pic.twitter.com/vWt4GH8jOw
— Foro Penal (@ForoPenal) February 19, 2024
El Juzgado Militar Tercero en Funciones de Control de Caracas solo admitió las dos primeras acusaciones y el 16 de diciembre de 2020 los condenó a siete años y dos meses de prisión. Sus abogados han interpuesto diferentes recursos de apelación, pero todos fueron negados sistemáticamente.
Marín Chaparro ha participado en dos huelgas de hambre para exigir mejores condiciones de reclusión y el respeto a sus derechos y el resto de los detenidos en la Dgcim Boleíta. En noviembre pasado, sus familiares reclamaron que desde noviembre de 2022 no ha sido evaluado por un médico, y a pesar de haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, el pasado 24 de octubre, los tribunales no aceptan sus solicitudes para acceder a las medidas de redención de pena.
Según el Foro Penal, en Venezuela hay 263 presos políticos recluidos en distintas cárceles. 147 pertenecen al estamento militar y 116 son civiles. El número de detenidos por razones políticas aumentó tras la detención de la defensora y abogada Rocío San Miguel y varios de sus familiares el pasado 9 de febrero, tras ser acusados de estar supuestamente involucrados en la operación llamada Brazalete Blanco.
San Miguel, cuya detención ha sido denunciada y repudiada por organismos nacionales e internacionales, permanece detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela; mientras que el coronel retirado Alejandro Gonzáles de Canales Plaza, del entorno de la presidenta de Control Ciudadano, está recluido en la Dgcim.
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