Era 2014 y Claudia Díaz, ex tesorera de Venezuela, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, para quien alguna vez trabajó como enfermera, acababa de fallecer y la situación política en la nación sudamericana y las relaciones con los Estados Unidos estaban en un tumulto.
Así que Díaz, presuntamente, recurrió a una de las maneras más antiguas de mover grandes cantidades de dinero de manera anónima: comprar oro.
En una rápida sucesión, una empresa fantasma establecida en la nación insular caribeña de San Vicente y las Granadinas que presuntamente ella controlaba, compró 250 lingotes de oro valuados en más de $9.5 millones, según registros judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press. Los lingotes, cada uno con un peso de un kilogramo (2,2 libras), fueron presuntamente almacenados en una bóveda privada en el diminuto principado europeo, disponibles para Díaz y su hijo cuando cumpliera 18 años. Pocos años después, un representante de Díaz vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y la mayor parte de los ingresos fue aparentemente depositada en un banco suizo.
Esas transacciones están ahora en el centro de una investigación criminal internacional sobre la red de empresas fantasmas y cuestionables banqueros suizos que han ayudado a convertir a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo. Si bien se estima que hasta $300,000 millones han sido saqueados de las arcas estatales de Venezuela en las dos décadas de gobierno socialista, los investigadores apenas comienzan a entender cómo se lavó el dinero sucio. La transacción física de pesados lingotes de oro —algo no visto anteriormente en registros judiciales— subraya la creatividad de algunos venezolanos para ocultar su riqueza robada.
Con una reputación de secretismo y el ingreso per cápita más alto del mundo, Liechtenstein, el microestado germanohablante, ha sido desde hace mucho tiempo un imán bancario para los más ricos del mundo. Pero al igual que su vecina Suiza, con quien comparte una unión monetaria y de aduanas, su reputación como centro financiero extraterritorial se ha visto sacudida por el escándalo. Debido a la presión de los Estados Unidos, que ha acusado a numerosos funcionarios venezolanos y sancionado al gobierno de Maduro por delitos financieros en todo el mundo, los dos países hacen ahora todo lo posible para exponer la corrupción en Venezuela.
“Venezuela se ha convertido en un paria virtual”, dijo Michael Levi, experto en delitos financieros en Europa y profesor de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido. “Los muy callados banqueros estuvieron felices de recibir su dinero durante años, pero ahora todos evitan al país cueste lo que cueste no solo para proteger su reputación, sino para evitar sanciones regulatorias e incluso penales”.
Los detalles de la investigación sobre Díaz y cinco presuntos asociados provienen de una solicitud de asistencia judicial de 14 páginas enviada por un tribunal en Liechtenstein el 22 de noviembre de 2019, y la respuesta dos semanas después por fiscales de Ginebra que prometían cooperar. Una copia de la solicitud, traducida al inglés, y la respuesta suiza, fueron entregadas por separado a la AP por dos personas bajo condición de anonimato ya que la investigación sigue en curso. El tribunal estatal en Liechtenstein confirmó la autenticidad de la solicitud. La Fiscalía General de Suiza señaló que transmitió la información solicitada en mayo, pero actualmente no tiene un procedimiento criminal en curso.
Díaz era prácticamente desconocida hasta que ella y su esposo, un exasesor de seguridad de Chávez, aparecieron en 2016 en la filtración de documentos financieros secretos conocidos como los Papeles de Panamá, que proporcionaron una mirada a cómo algunas de las personas más ricas del mundo esconden su dinero. Las autoridades allanaron su casa en Caracas y confiscaron lo que describieron como una colección de autos de lujo, obras de arte y documentos relacionados con propiedades inmobiliarias dentro y fuera de Venezuela controladas a través de empresas fantasmas.
Díaz, de 46 años, quien fuera suboficial en la fuerza naval venezolana, cuidó de un Chávez enfermo antes de que el líder venezolano muriera de cáncer en 2013. En 2011, Chávez la nombró tesorera nacional de Venezuela. Fue reemplazada cuando Maduro, sucesor de Chávez, fue elegido en 2013. Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, viven actualmente en Madrid, donde fueron arrestados brevemente en 2018 tras una petición venezolana.
Además de la investigación en Liechtenstein, la pareja ha sido sancionada en los Estados Unidos por su presunta participación en un fraude cambiario por 2.400 millones de dólares, y han sido identificados como coconspiradores no identificados en una acusación federal en Miami contra el predecesor de Díaz como tesorera. Los fiscales españoles también investigan la compra de un departamento de 1,8 millones de dólares.
Ismael Oliver, el abogado tanto de Díaz como de su esposo en Madrid, dijo que sus clientes “no tienen conocimiento, ni oficial ni de otro tipo” sobre la investigación realizada por Liechtenstein.
“(Ella) Niega rotundamente haber tenido lingotes de oro o cuentas bancarias de ningún tipo en Liechtenstein”, dijo Oliver.
Un foco clave de la investigación de Liechtenstein es el banquero suizo Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH), con sede en Ginebra, al mismo tiempo que Díaz supervisaba las finanzas de la nación sudamericana, integrante de la OPEP. La solicitud de Liechtenstein identifica a Beaumont como la persona “a cargo de transferir los fondos de los miembros corruptos del gobierno venezolano a Suiza”.
Beaumont presuntamente trabajaba con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano que llamó la atención en 2017 por ser el dueño de la empresa transnacional que compró el fondo de cobertura de Anthony Scaramucci cuando se unió a la Casa Blanca con Trump.
El CBH, de propiedad familiar, es uno de los bancos más pequeños de Suiza, pero sus activos se han más que duplicado hasta los 10.500 millones de francos suizos (11.400 millones de dólares) desde 2013, en un momento en el que su negocio en Venezuela estaba en auge. Los activos de Latinoamérica representaron un tercio de sus negocios el año pasado comparados con el 12% en 2013, según los estados financieros del banco.
No es claro cómo se relacionan Beaumont y Díaz. Los intentos de hablar con Beaumont no prosperaron. No respondió a los mensajes dejados en el número telefónico y dirección de correo electrónico proporcionados por personas que lo conocen. George Yoss, un abogado en Miami que se cree que lo representó en el pasado, tampoco respondió a varias llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Pero la empresa que presuntamente usó Díaz para comprar el oro, Amaze Holding Ltd., fue registrada en junio de 2012 en la misma dirección de San Vicente y las Granadinas y unos días después que otras dos empresas —Greenhill International Ltd. y Amblia Ltd.— que presuntamente Beaumont poseía y controlaba, de acuerdo con el tribunal de Liechtenstein.
El tribunal, en su solicitud, dijo que Díaz controlaba Amaze a través de otra mujer venezolana, Norka Luque, quien es identificada como amiga de la exministra de Defensa Carmen Meléndez y “mujer de paja” para varios políticos y figuras de alto rango en Venezuela. Intentos de la AP para localizar a Luque no tuvieron éxito.
Los fiscales en Miami también apuntan a Beaumont.
En 2018, presentaron su propia solicitud de asistencia judicial a Ginebra y acusaron al ciudadano francés de crear varias empresas fantasmas para lavar hasta 4.500 millones de dólares robados a través de acuerdos fraudulentos con divisas de PDVSA, el gigante petrolero estatal de Venezuela. Las empresas fantasmas le prestaron a PDVSA bolívares presuntamente comprados en el mercado negro, donde son tres veces más baratos. Pero fueron reembolsados en dólares estadounidenses a la tasa oficial inflada, lo que le permitía a cualquiera triplicar su dinero casi de la noche a la mañana con un “contrato falso de préstamo”, según los fiscales estadounidenses.
Los fiscales estadounidenses sostienen que Beaumont se embolsó 22 millones de dólares al cobrar una tarifa de 0,75% sobre todas las transacciones entrantes y salientes a través de CBH a las empresas fantasmas que ayudó a establecer.
“Beaumont también usó a estos corredores de dinero para recibir y mantener sus sobornos”, dijo la solicitud de asistencia judicial. Una parte de los fondos fueron utilizados para comprar una propiedad de 4,6 millones de dólares en Miami, y otra de 1,3 millones de dólares en la República Dominicana.
Mark Pieth, experto en lavado de dinero de la Universidad de Basilea, Suiza, dijo que CBH podría perder su licencia o enfrentar otra medida disciplinaria si se determina que sabía, o debería haber sabido, qué hacía Beaumont para sus clientes venezolanos. Sin embargo, los fiscales estadounidenses sugieren en sus intercambios con las autoridades suizas de 2018 que el mismo banco había sido defraudado por Beaumont.
Pieth dijo que las acciones emprendidas por CBH parecen similares a las de otros bancos suizos que han sido penalizados recientemente por no combatir la corrupción que involucra a sus clientes venezolanos. En febrero, el regulador de los mercados financieros de Suiza ordenó a Julius Baer, con sede en Zurich, a reformar su gestión de asesores de clientes tras descubrir 150 transacciones durante un periodo de nueve años que apuntaban a “fallas sistémicas” con Venezuela. Anteriormente, Credit Suisse también fue reprendido por sus tratos con Venezuela, así como por su papel en el caso de corrupción en el organismo rector de la FIFA y Petrobras, el gigante petrolero de Brasil.
“La pregunta es si CBH es mafioso o una víctima”, dijo Pieth, quien revisó los documentos del caso por petición de la AP.
CBH dijo que Beaumont renunció en 2012 y que se cree que trabajó después con varios bancos como administrador de activos independiente. Negó rotundamente que haya participado, facilitado o tolerado el lavado de dinero.
CBH “siempre ha mantenido rigurosos salvaguardas y controles internos para identificar y prevenir las transacciones ilegales, como ha sido confirmado y aprobado repetidamente por auditores externos”, dijo en un comunicado Christopher Robinson, jefe del departamento legal del banco. CBH no ha sido procesado por ningún crimen y tampoco es un blanco de la investigación de Liechtenstein.
Los lingotes de oro que presuntamente le pertenecen a Díaz representan apenas una pequeña fracción del monto total saqueado de Venezuela. Pero son un símbolo poderoso de la avaricia ilimitada que alimentó a una cantidad de intermediarios, desde administradores de activos de abolengo hasta algunos de los bancos más antiguos de Europa.
Los lingotes de oro se mantuvieron dentro de la bóveda privada número G1, en Liemeta AG, que Díaz alquiló en 2014 por unos 20.000 francos suizos (21.700 dólares) al año, según la solicitud del juez Roger Beck del tribunal en Liechtenstein. El acceso a la bóveda estaba restringido a Díaz y su joven hijo después de que cumpliera 18 años.
Pero Díaz autorizó a un financiero de dos generaciones de banqueros suizos a retirar el contenido de la bóveda, lo que presuntamente realizó en dos transacciones —en diciembre de 2014 y noviembre de 2015—, según la solicitud de Beck.
El magistrado dijo que el paradero de las dos pilas de 120 y 130 lingotes “no pudo ser establecido”. Pero señaló que a partir de 2018, el intermediario vendió una cantidad casi idéntica de oro por más de 9,5 millones de euros. La mayor parte de los ingresos de esas ventas fueron depositados en la filial suiza del Banque Internationale à Luxembourg SA. Pero 90 kilogramos de oro fueron recogidos por Daniel Vogt, cuya firma familiar David Vogt & Partners, selló documentos involucrados en las transacciones, según Beck.
Vogt dijo en un correo electrónico que su firma no tenía conocimiento de las transacciones que involucraban a Díaz. Dijo que su firma, que no es objeto de la investigación, no tiene clientes en Venezuela y está cooperando plenamente con las autoridades.
Mientras tanto, Díaz permanece instalada en Madrid e insiste que sus cuantiosos ahorros son el resultado de toda una vida de trabajo honesto y que jamás malversó fondos estatales.
Insiste que sus problemas legales se deben a su negativa a aceptar las órdenes ilegales de Maduro durante las confusas repercusiones de la muerte de Chávez. Por ahora, no está bajo presión para explicar su riqueza. El año pasado, la Corte Nacional de España bloqueó su extradición a Venezuela al considerar creíbles sus temores de que podría enfrentar torturas si era enviada de regreso a su país natal.
Los periodistas de The Associated Press, Aritz Parra, en Madrid; Jamey Keaten, en Ginebra, y el investigador Randy Herschaft, en Nueva York, contribuyeron a este reportaje.
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Con información de El Nuevo Herald
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