Con motivo del llamado realizado del Internacional de Contacto de la Unión Europea, pidiendo a los sectores democráticos venezolanos opositores al régimen de Maduro, representantes de la Resistencia Democrática emitieron un comunicado público donde le aclaran, entre otras cosas, si ese Grupo de Contacto al pedir a la Sociedad Venezolana negocie con los representantes del régimen, reconoce la legitimidad de Maduro, a pesar de haber sido sancionado por corrupción y narcotráfico por la Unión Europea y los Estados Unidos. A continuación el texto completo del comunicado.
COMUNICADO
Al GRUPO INIERNACIONAL DE CONTACTO (GIC) UNIÓN EUROPEA Presente.
A propósito de la Declaración Ministerial sobre Venezuela adoptada el pasado 2 de febrero por el Grupo Internacional de Contacto (GIC) del que forman parte, quienes la presente suscribimos, con la legitimidad que nos otorga haber servido a los venezolanos durante la democracia y desde muy altas responsabilidades en el Estado y el sector político y sindical, nos dirigimos a ustedes para presentarles las siguientes consideraciones que hemos elaborado de un modo reflexivo y con sereno criterio.
En la Declaración se hace un llamado «a los actores políticos locales y a la sociedad civil para que avancen urgentemente y de buena fe hacia la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país».
Al respecto, nos es obligante señalarles que la tragedia humana y humanitaria que hoy sufren los venezolanos es obra de un régimen represor, con denunciados vínculos en el mundo del narcotráfico, el terrorismo y de las organizaciones del crimen transnacional, lo que ha motivado las sanciones internacionales que se le han impuesto. Ello representa, entonces, una experiencia diferente de las conocidas dictaduras militares latinoamericanas y es un presupuesto inédito que deberían valorar sin cortapisas, si acaso las recomendaciones del Grupo que Ustedes representan y sus respectivos gobiernos tienen interés en que esa inmoral realidad, que también amenaza a la región, cambie de una manera real.
Hacer un llamado a la buena fe de los actores políticos venezolanos y la sociedad civil, por lo demás y como lo creemos, supone confundir el comportamiento de una nación que es víctima con las acciones de quienes detentan y sostienen a la dictadura o se benefician de ella, en lo interno y en lo internacional. Es bien conocido que todos los esfuerzos desplegados de manera unitaria por la resistencia democrática, incluso en negociaciones mediadas en el pasado por la OEA y el Centro Carter, han concluido con la burla de la dictadura (Acuerdos de Mayo, 2004) o los ha usado ella, como en las más recientes de República Dotninicana y Barbados, para frenar la protesta social y política o atenuar las quejas en su contra de la comunidad internacional por graves violaciones de derechos humanos, ganando tiempo para seguir afirmándose en el poder.
En el numeral 3 aconseja el Grupo Internacional de Contacto «reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer con urgencia un diálogo inclusivo y un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y Transparentes». Creemos, en este orden, que al demandarle a la resistencia democrática negociar con sus secuestradores y al no tener ésta nada que ofrecer a cambio, que no sea el rebajar o limitar aún más los derechos humanos de los venezolanos, al término tal negociación sólo puede derivar en adhesión a las propuestas del régimen de Maduro, a saber, realizar las elecciones de gobernadores y de alcaldes que ha propuesto.
Caben, pues, dos preguntas que hemos de formulárselas al Grupo Internacional de Contacto con sinceridad meridiana. ¿Asumen de fatal e inevitable sus miembros la permanencia del régimen usurpador y narco-criminal imperante en Venezuela y que sus víctimas deban cohabitar con aquél desde sitios de subordinación política, que en modo alguno modificarán las realidades imperantes, como la diáspora de millones de compatriotas? Venezuela, entiéndase ello, es constitucionalmente y no solo por motivo de la dictadura imperante un país cerradamente presidencial, centralizado, y militarista.
¿Habiendo impuesto Ustedes, al igual que Estados Unidos, sanciones contra Nicolás Maduro y los actores civiles y militares que le acompañan por considerarlos responsables de crímenes de lesa humanidad y actos graves de corrupción, consideran éticamente correcto que sea con ellos con quienes negocie y transe su destino el pueblo venezolano, a través de representantes que ustedes devalúan?
En cuanto al pedido de unión a los líderes partidarios de la resistencia democrática, más allá del juicio de valor político que merezcan ante la nación o les merezcan a Ustedes, estamos seguros de que si media la buena fe de Ustedes, compartirán con nosotros el absurdo de pedirle un sereno espíritu de entendimiento y concordia a una sociedad desesperada y perseguida. Ella junto a sus dirigentes sociales y políticos es víctima de opresión, explotación y chantaje cotidiano, arriesga la vida y la libertad e integridad personales de modo cotidiano, urgiéndole, antes bien, de un leal apoyo de los gobiernos democráticos del mundo.
Saludamos, en fin, que ustedes, a la par, confiesen la falta de unidad entre los propios actores de la comunidad internacional llamados a auxiliar a Venezuela, como consta del numeral 8 de la Declaración. De allí que no podamos pasar por alto una observación muy pertinente. En la misma medida en que el Grupo de Lima y el Parlamento Europeo sostienen su reconocimiento a la Asamblea Nacional democráticamente electa en Venezuela en 2015 por no haberse realizado aún elecciones parlamentarias libres, el silencio del Grupo Internacional de Contacto es elocuente al respecto y de suyo complaciente con los victimarios.
Con deferencia y cordialidad, al despedirnos les informamos que copia de esta misiva está siendo enviada al Alto Comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, quien se ocupa de convocarlos como Grupo y para los propósitos aquí señalados.
Diego Arria, exgobernador de Caracas, Antonio Ledezma, exgobernador de Caracas y exalcalde metropolitano, María Corina Machado, Coordinadora Política Nacional de Vente Venezuela, Enrique Aristeguieta Gramcko, exmiembro de la Junta patriótica 1958 y exviceministro de Relaciones Interiores; Asdrúbal Aguiar, exgobernador de Caracas y expresidente encargado de Venezuela; Humberto Calderón Berti, exministro de Relaciones Exteriores y Exministro de Energía y Minas; Carlos Ortega, Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Es auténtica:
Embajador Diego Arria
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