Venezuela conmemora este 26 de junio el Día Internacional contra la Tortura, en medio de la crisis humanitaria que azota al país, donde la dictadura de Maduro mantiene como política de Estado los tratos crueles, degradantes e inhumanos en contra de los presos políticos.
Esto aunado a las masivas violaciones de DDHH y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad que, incluso, la comunidad internacional ha podido observar denunciado en reiteradas oportunidades.
«Desde hace más de una década, en Venezuela no hay cifras públicas y oficiales que permitan conocer la cantidad de denuncias recibidas por torturas», denunció la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
Sin embargo, los datos recabados por diversas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, aseguran que entre 2014 y 2019 al menos 868 personas fueron torturadas.
Según Provea, en 2019 los casos de tortura incrementaron 526,60% en comparación con el año anterior. Señala que, desde la llegada al poder de Nicolás Maduro, en 2013 se contabiliza la muerte de al menos 72 personas en condiciones de torturas.
Entre los casos más resonado está el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio de 2019, luego de ser torturado cuando estaba bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El concejal Fernando Albán (65 años), murió en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el 8 de octubre de 2018, luego de que presuntamente saltara desde el décimo piso de la sede del organismo de inteligencia.
El más recientes de estos casos es el del preso político Vasco Da Costa. Su hermana Ana María da Costa, denunció actos de tortura a los que presuntamente sometidos su hermano junto a cuatro militares.
Identificados como Oswaldo Hernández, Santiago Velasco y Andry Carrizal en el Hospital Militar Carlos Arvelo, bajo las órdenes del Mayor General Carlos Yánez Figueredo y de la Mayor Lizeth Torres Montilla encargada del área de procesados militares.
La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, ha documentado que los cuerpos de seguridad del Estado con mayor participación en la aplicación de torturas son el CICPC, DGCIM y PNB (FAES).
La mayoría de estos actos suelen ejecutarse en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares. No obstante, en algunos casos los funcionarios han llevado a cabo dichas prácticas en centros clandestinos destinados a tal fin.
«En el país los actos más comunes de torturas suelen incluir aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo (especialmente en genitales), quemaduras con cigarrillos, inmersión en agua hasta causar asfixia, golpes, privación de agua y alimentos por largas horas», precisó la Comisión Presidencial.
En su informe del 4 de julio de 2019 sobre la situación de Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH Michelle Bachelet instó al régimen a investigar los casos de torturas, sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas, pero tal recomendación no ha sido acatada.
La Comisión Presidencial de DDHH, «considera esencial que las personas que han sido víctimas de tortura denuncien lo sucedido, ya que es un acto grave que podría constituir una violación de derechos humanos, e, incluso, un crimen de lesa humanidad».
Por su parte, el Comisionado Humberto Prado aconseja buscar asesoría psico-jurídica, “en Venezuela existen numerosas organizaciones de DDHH abocadas a brindar acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas de tortura, entre ellos en Registro Único de Víctimas»
“Aunque en algunas ocasiones pueda ser frustrante denunciar continuamente la tortura sufrida, los animamos a que no decaigan. La lucha por reivindicar tus derechos y exigir que los culpables respondan ante la justicia no es fácil, pero estamos a tu lado”, concluyó.
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