La vida de Alejandra cambió para siempre a finales de agosto, cuando las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES) mataron dos veces a su marido. La primera, ejecutándolo delante de su familia y la segunda, a través de los medios chavistas, que le acusaron de dirigir una «megaorganización hamponil». No se trataba ni mucho menos de un nuevo Lucky Luciano criollo, sino de un modesto obrero que mantenía a su mujer y a sus dos hijos, de 2 y de 4 años.
Alejandra ha conocido hoy las cifras del informe del prestigioso Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), que confirman lo que ya intuía: las fuerzas policiales protagonizan casi la tercera parte de los homicidios, que oficialmente despachan como resistencia a la autoridad. De las 16.515 de 2019, 5.282 fueron llevados a cabo por fuerzas policiales en supuestos enfrentamientos. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las ONG locales Provea y Proiruis han demostrado que buena parte de esos crímenes realizados por «resistencia a la autoridad» esconden una escalofriante cifra de ejecuciones extrasumariales.
«Se ha dado en el país una suma perversa de autoritarismo. Parece que la única política de seguridad es la eliminación de delincuentes», resumió el profesor Roberto León Briceño, director del OVV, quien en esta ocasión ofreció sus datos vía Skype, todo un paradigma en la Venezuela de hoy. En la investigación realizada durante cinco meses por Proiuris, se contabilizaron 269 presuntas ejecuciones, de las cuales 167 se atribuyeron a las FAES, a un promedio de casi dos por día.
Cifras y hechos ayudan a comprender la profundidad de la impunidad reinante en el país petrolero, que supera ampliamente a sus vecinos en el ranking sangriento de los homicidios: mientras Venezuela sufre 60,3 muertes por cada 100.000 habitantes, en Colombia y Brasil sólo alcanzan las 25. En México bajan a 22 y sólo Honduras (con 42) y El Salvador (48) se acercan algo a los campeones del mundo.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder hace casi 21 años, la violencia urbana comenzó a devorar las estadísticas hasta que el comandante supremo las censuró. Hoy es evidente un descenso en el número de homicidios, de los más de 30.000 hasta los 16.516 de este año, provocado por la enorme diáspora de más de cinco millones de personas, entre ellos cientos de malandros (delincuentes), que habían perdido su paraíso por culpa de la destrucción de la economía y la ausencia de personas en los sitios públicos.
Una realidad que la ficción bolivariana intenta esconder, como todos los años. «Venezuela es mucho más bella que los países donde está usted lavando pocetas (inodoros)», clamó Nicolás Maduro el jueves, un mensaje dirigido a los emigrantes mientras desde los canales oficialistas se destacaban las «victorias» contra la inseguridad.
Un descenso estadístico que no esconde la crueldad y la furia de los cuerpos policiales, que disponen de licencia para matar, como bien sabe Alejandra. Cuatro agentes irrumpieron en su hogar, dos de ellos enmascarados, y mataron a su marido, como tantas veces este año. «Se llevaron el dinero que teníamos y todo lo que había en la nevera, el pollo y las frutas», recuerda la joven de 21 años para EL MUNDO. Tras el dolor llegaron las ganas de denunciar el crimen, hasta que otro policía le avisó: «Piénsalo mejor, puede haber represalias».
El modus operandi de aquel día se ha repetido una y otra vez en el 2019 venezolano. Así lo ha recogido Proiuris, los mismos patrones desplegados por las FAES en sus actuaciones: desde la irrupción violenta en los domicilios sin autorización judicial hasta la siembra de armas para simular enfrentamientos. Siempre en barrios pobres y casi siempre contra jóvenes. Los agentes no dudan en alterar las escenas de los crímenes y justifican la ejecución basándose en antecedentes policiales de las víctimas, además de disparar siempre en zonas vitales del cuerpo y negar el socorro a los malheridos.
La impunidad se ha sofisticado tanto en Venezuela que no hay mejor aceite para el mecanismo policial que la sangre de sus víctimas. «Cuando llegamos al hospital mi sobrino estaba muerto y con tres disparos, uno en la cabeza. A él lo detuvieron dentro de la casa y se lo llevaron vivo en una camioneta. No había fiscales ni una orden de allanamiento, solamente se lo llevaron. Horas después supimos que lo habían asesinado funcionarios de las FAES», denunció Douglas Barboza a Proiuris. Su sobrino, Keyvis Castello, había cumplido 21 años antes de ser ejecutado.
Una «epidemia de violencia policial», como ha asegurado Briceño. Sus cifras lo confirman: de los más de 300 municipios del país, en al menos 175 se han desatado las acciones de los agentes gubernamentales. En seis estados, incluido Lara, uno de los más poblados, los policías matan más que los delincuentes.
«Mi hijo estaba durmiendo con su bebé, mientras mi yerno lo hacía con su hija pequeña. A ellos los despertaron los policías. No hubo el enfrentamiento que tanto dicen. Antes de disparar a mi hijo, uno de los FAES le dijo: tú no eres familia mía», subrayó Nereida Parra, madre de Jonathan Eduardo Gil Parra, de 27 años, en su denuncia. Una de tantas que se han perdido en el país de la impunidad.
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