Cuando se conoce que el censo de viviendas, pretende establecer una cédula catastral inmobiliaria, tal como ha sido anunciado por voceros oficiales, se crean grandes interrogantes, del porqué de su aplicación y qué se busca con este censo.
Todas las 335 alcaldías del país tienen un registro de los inmuebles de sus municipios, con ello tienen un medio para el cobro de los derechos de frente y el servicio de aseo urbano, con su data se puede obtener un inventario de los inmuebles que existen en todo el país, sin necesidad de realizar este suspicaz censo que se quiere realizar, señaló nota de prensa.
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El solo anuncio ha traído grandes angustias a los propietarios de casas y apartamentos desocupados que ven amenazados sus inmuebles, al considerar el riesgo de ser tomados y adjudicados por esta nueva disposición oficial, estas preocupaciones se sustentan en que algunos voceros públicos han anunciado que los inmuebles desocupados serán utilizados para ser adjudicados a los que necesiten viviendas.
Este censo recuerda a la solicitud del gobierno el año 2004 del registro catastral de las fincas, hatos y haciendas. El cual una vez realizado facilito las tomas de tierras realizadas por el INTI, el cual afecto a más de 15.000 propiedades privadas, sin ningún tipo de pago a sus propietarios, con el argumento de ” guerra al latifundio”. Desconociendo la propiedad privada y la justa indemnización establecido en la Constitución.
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Buena parte de estas viviendas pertenecen a las familias que han salido a otros países en busca de mejores destinos, ante la falta de oportunidades en el nuestro, para ellos significa el patrimonio familiar más preciado y que garantiza una vivienda para el futuro de sus hijos. Otra parte importante de estos inmuebles pertenecen a personas que los poseen para arrendarlos y es el ahorro de toda una vida y hoy se encuentran desocupados ante la falta de inquilinos por la misma situación que tenemos en Venezuela.
Esta medida lo que está causando son mayores pérdidas en los valores de las propiedades al este censo generar desconfianza en quienes desean invertir en la compra de inmuebles. Convirtiéndose esta disposición en una demostración evidente del uso del poder del estado para seguir teniendo un mayor control y disposición de las propiedades privadas en el país.
¿Con qué fin? la precisión y suspicacia de una pregunta que todos nos hacemos.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.
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