El abuso del poder estatal, las agresiones y amenazas, la desinformación, la opacidad y los mecanismos de censura, convirtieron al 2019 en el peor año para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Así lo evidenció el sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), que totalizó 534 casos que acumularon 1032 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos.
Estas restricciones en la labor periodística fueron incluso mayores a las que ocurrieron en el 2017, cuando se constataron 518 casos. El aumento en el número de limitaciones durante 2019 se dio en un contexto de sostenidos conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos, en medio de apagones y una crisis profunda de derechos humanos que afectaron a todo el país.
Fueron 12 meses que comprendieron 512 violaciones por uso abusivo del poder estatal, 326 por agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social, 81 limitaciones de acceso a la información pública, 70 casos de censura previa, 21 acciones legales administrativas, 15 casos de censura interna, cuatro casos de impunidad y tres de censura indirecta.
Destacó que la mayoría de las incidencias se registró en los primeros seis meses del año, pues 61% de los hechos, es decir 330 casos, ocurrieron entre enero y mayo. Mientras que entre julio y diciembre se contabilizaron 204 incidentes. Las 1032 violaciones ocurridas demuestran que el Estado venezolano insiste en ignorar las recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016, en las que advierte la necesidad de tomar medidas urgentes para salvaguardar la libre información y expresión de la sociedad venezolana.
Acallar es la orden
En 2019, esta organización registró un número importante de hechos relacionados con el uso abusivo del poder estatal. Las 512 violaciones bajo esta categoría comprendieron principalmente 101 casos que involucran la acción directa de cuerpos de seguridad del Estado, 47 detenciones arbitrarias, 30 regulaciones de contenidos en radio y televisión, 16 declaraciones agraviantes de autoridades públicas, siete seguimientos y seis deportaciones a periodistas.
Desde los primeros días del año las acciones intimidatorias de los miembros de las fuerzas estatales afectaron la labor de los reporteros y medios de comunicación. Entre los casos de mayor preocupación durante 2019, destacaron las detenciones arbitrarias a periodistas que cubrían situaciones de relevancia política relacionados con la oposición venezolana, eventos vinculados con la ayuda humanitaria, así como con las protestas de calle para exigir servicios públicos.
Con un total de 47 casos y al menos 76 periodistas vulnerados por estas medidas, de los cuales 48 fueron reporteros venezolanos y 28 corresponsales extranjeros, esta cifra de detenciones arbitrarias solo se compara con las registradas en 2017, que sumaron un total de 54 casos, y que ocurrieron en un escenario donde las libertades informativas también se enfrentaron a grandes riesgos durante la cobertura de manifestaciones ciudadanas.
Las detenciones arbitrarias se caracterizaron por la participación directa de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia, quienes acompañaron estos hechos con agresiones verbales para intimidar, ataques a las herramientas de trabajo y confiscaciones de equipos. Solo en el mes de enero se ejecutaron ocho detenciones contra 17 periodistas. A pesar del registro de estos casos, Nicolás Maduro negó que en su gestión se detengan a reporteros. “Aquí no hay detenciones arbitrarias”, aseguró en una entrevista concedida a Jordi Évole y transmitida el 3 de febrero por el canal español La Sexta. Maduro aseguró que lo que ocurre en Venezuela son “montajes para magnificar” la situación, y además dijo que en el país hay “pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
Uno de los casos emblemáticos fue la detención de Luis Carlos Díaz, periodista del Circuito Unión Radio, defensor de derechos humanos y ciberactivistas, que fue retenido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El paradero de Díaz se desconoció por más de ocho horas, desde las 5:30 de la tarde del 11 de marzo hasta las 2:30 de la mañana del día 12. Además durante la detención los funcionarios policiales llevaron al periodista a su residencia y confiscaron sus herramientas de trabajo: computadoras, celulares y memorias extraíbles. También se conoció que la intención era presentar en tribunales al periodista bajo la acusación de supuestos “delitos informáticos”.
El 8 de marzo, el día después del apagón nacional que dejó a Venezuela incomunicada, en un video publicado en la cuenta en Twitter de Con el mazo dando, programa que dirige Diosdado Cabello, alto dirigente del oficialismo, acusaron a Luis Carlos Díaz de ser parte de un “operativo blackout” y ser un “influencer fascistoide”, responsabilizándolo de ser parte de un plan cibernético que afectó todo el territorio nacional. Las declaraciones de Cabello se basaron en un mensaje de Díaz que fue desvirtuado para generar un expediente falso, debido a que días previos había grabado un video que se hizo viral en el que le explicaba a los ciudadanos cómo informar, registrar y difundir en un escenario del colapso de las telecomunicaciones en Venezuela, en respuesta a un usuario de Twitter.
Tras más de 24 hora de detención, Luis Carlos Díaz fue liberado luego de ser imputado por “instigación a delinquir”. Entre las medidas dictadas por Tribunal 31 de Control de Caracas están la prohibición de salida del país, participar en manifestaciones, declarar sobre el caso y un régimen de presentación cada 8 días.
Esta situación no hace más que agravar el acoso y silenciamiento a las voces disidentes al Gobierno oficialista. IPYS Venezuela considera que el Estado venezolano debe ofrecer mejores condiciones para el ejercicio periodístico en el país y así garantizar un proceso de comunicación libre, plural e independiente, sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones. La existencia de un marco regulatorio que proteja las libertades informativas y asegure la diversidad de voces e ideas en la sociedad, es un mecanismo indispensable para recuperar la democracia en Venezuela.
Victimarios poderosos
En 2019 prevaleció el poder ejecutivo como el principal victimario, por lo que las autoridades de gobierno, en distintos niveles, cometieron 338 casos de violaciones a la libertad de expresión, 155 más de las registradas en 2018, año en el que se contabilizaron 183 casos.
Los actos represivos que involucraron la acción directa de los Cuerpos de seguridad estatales fueron los más frecuentes en los 12 meses del año. Los registros de IPYS Venezuela sumaron 146 casos en los que estos actores limitaron la labor de los periodistas y los derechos ciudadanos para la cobertura de asuntos de interés público y la consulta de información a través de los medios tradicionales y digitales.
Frente a este panorama, esta organización reitera su preocupación sobre la existencia de un patrón de agresión que tiene como propósito silenciar lo que ocurre en el país e impedir que los medios de comunicación registren las violaciones de derechos humanos y otras irregularidades, sobre todo aquellas que se generan en el contexto de las protestas ciudadanas, la mayoría reprimidas y frustradas por la acción de los funcionarios de seguridad.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue el segundo victimario con violaciones reiteradas al sumar 36 incidencias. Seguidamente estuvieron los simpatizantes oficialistas con 34 casos, los tribunales, con 10, y los funcionarios de seguridad de instituciones públicas que fueron responsables de 8 limitaciones. También hubo una participación de victimarios no estatales como desconocidos (50), delincuencia organizada (16), ciudadanos (16), directivos de medios (16) y civiles armados (5).
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