Patricia Dumon, una mujer trans de 21 años de nacionalidad venezolana, fue asesinada el pasado 19 de agosto. Su cuerpo fue hallado por un grupo de recicladores en un lote baldío del sector de Mamatoco, en Santa Marta (Magdalena), donde ejercía el trabajo sexual.
Por William Moreno Hernández– EL Tiempo
Como lo reportó este diario, sus compañeras manifestaron que Patricia fue abordada la noche anterior por un hombre que se desplazaba en una motocicleta, quien le solicitó sus servicios. Ella accedió. Sin embargo, no regresó al hotel donde pernoctaba ni se comunicó nuevamente con ellas. Las autoridades informaron posteriormente que murió tras recibir un disparo en la mandíbula.
El de Patricia es el más reciente de los 110 casos de violencia hacia personas venezolanas migrantes y refugiadas LGBTI en Colombia registrados entre mayo de 2018 y agosto de 2020. De esa cifra, 41 han ocurrido en lo que va de este año.
Así lo revela la organización Caribe Afirmativo en un informe que publicó recientemente a través de INTEGRA, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Interamericana. Esta investigación, la primera del país que aborda este enfoque, da cuenta de las múltiples violencias que enfrentan en sus comunidades de acogida las personas migrantes venezolanas de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.
Entre los 41 hechos identificados se encuentran, por ejemplo, casos sobre denegación a acceso o atención en el sistema de salud (7), actos de discriminación por prejuicios sexuales (5), prejuicios por nacionalidad (9), abuso policial (3), explotación laboral (2) y homicidio (4, y 3 de ellos de mujeres trans).
Cuando se detallan por ubicación geográfica, se evidencia que Antioquia y Nariño son los departamentos con los mayores índices de violencia hacia población venezolana LGBTI: 13 y 7 casos, respectivamente. Les siguen Valle del Cauca (4), Norte de Santander (3), Cesar (3), Magdalena (3), Atlántico (3) y La Guajira (1). En Bogotá, hay cuatro casos reportados.
Todos los hechos están documentados a partir de las asesorías psicojurídicas que presta Caribe Afirmativo, reportes en medios de comunicación y denuncias de otras organizaciones del país.
Sin embargo, estos datos representa una aproximación a la realidad. Como señala la investigación, en muchas ocasiones, las víctimas de discriminación deciden no denunciar o tomar algún tipo de acción, pues “se les niega el acceso a la justicia, prefieren no activar las rutas por miedo a las represalias que puedan tomar los agresores o, al momento de reportar los casos, prefieren no visibilizar su orientación sexual, identidad y expresión de género diversas”.
Denuncian asesinato de mujer trans trabajadora sexual en Santa Marta
Patricia Dumon, mujer trans asesinada en Santa Marta. Las autoridades locales ofrecen hasta 3 millones de pesos para quien entregue información sobre sus agresores.
¿Qué dicen las cifras?
El informe explica que, en términos generales, la violencia hacia personas venezolanas LGBTI tiene un doble componente. Por un lado, un componente de prejuicio por su origen nacional. Y por otro, uno de prejuicio sexual, “que va directamente dirigido a invisibilizar y violentar su orientación sexual, identidad y expresión de género”.
Migración Colombia señala que actualmente son 1.764.883 los ciudadanos venezolanos radicados en Colombia. Sin embargo, es difícil establecer cuántos de ellos se identifican como parte de la población LGBTI. Lo cierto es que, según Caribe Afirmativo, por el contexto de doble vulnerabilidad y desprotección, este indeterminado grupo poblacional encuentra “una mayor barrera en el acceso a los servicios que están ligados particularmente a su subsistencia”.
Esas violencias, ejercidas tanto por instituciones públicas y privadas como por la sociedad, terminan por excluirlos de las dinámicas sociales y les vulnera sus derechos de forma repetitiva.
La investigación hace énfasis en el índice de violencia policial. Lo que dicen desde esta organización es que en decenas de casos han encontrado similitudes sobre el mal proceder de oficiales de la fuerza pública. En 2018, por ejemplo, 11 de los 13 casos de xenofobia identificados contra migrantes venezolanos LGBTI “fueron perpetrados por agentes de la policía en el ejercicio de sus funciones”, mientras que en 2019 “se presentó un aumento de 350 por ciento en casos de agresión policial”.
Durante 2020, se han podido documentar, a la fecha, tres casos puntuales: uno de abuso policial a una mujer lesbiana, en Medellín; otro de abuso policial y extorsión a un hombre gay, también en Medellín, y uno más de violencia policial a una mujer trans en Ipiales, Nariño.
Según la investigación, las agresiones policiales, que suelen incluir otras formas de xenofobia (negación en el acceso a la justicia, discriminación sexual, detención irregular, deportación irregular, amenazas o persecución), están relacionadas, en gran medida, “a la instrumentalización de la situación migratoria”, irregular o no, de esta población.
Casos similares se han identificado con instituciones médicas e incluso con autoridades migratorias. De hecho, uno de los casos documentados corresponde al de una mujer trans de Ipiales, en Nariño, quien denunció en junio la negación de servicio por parte de funcionarios de migración.
Estas situaciones, advierte Caribe Afirmativo, resultan preocupantes, pues demuestran que hay funcionarios policiales, así como de distintas instituciones, que, aunque están llamados a la protección de los derechos humanos, “violan las prerrogativas establecidas en los protocolos de atención a personas de sexo-género diverso” y “hacen omisión consciente de la normatividad colombiana e internacional para la protección y acceso a derechos de personas migrantes y refugiadas”.
Respecto al año anterior, en 2020 se viene presentando un aumento en los casos de xenofobia hacia población migrante venezolana LGBTI. Según este informe, en 2019 se documentaron en total 56 hechos violentos, mientras que este año, entre el 1º de enero y el 20 de agosto, se identificaron 41.
En diálogo con este diario, Frank Rangel, coordinador en temas de movilidad humana de Caribe Afirmativo, explicó que el incremento se debe, sobre todo, a que cada vez se pueden identificar más casos, sin que esto signifique que el subregistro no sea aún muy alto.
“La xenofobia —aseguró— siempre ha estado presente, y en números alarmantes. Lo que pasa es que antes las personas naturalizaban las conductas xenófobas y desconocían qué hacer; ahora saben cuáles son sus derechos y muchas están dispuestas a denunciar o a que una organización acompañe su caso”.
También cabe destacar que 19 de los casos reportados este año ocurrieron durante la vigencia del aislamiento preventivo obligatorio, decretado el pasado 25 de marzo. Al respecto, Rangel manifestó que, a pesar de las medidas de distanciamiento social, en ese periodo se presentó un incremento de violencia en los lugares de residencia y las comunidades de acogida.
“La mayoría de la ciudadanía venezolana ejerce el trabajo informal, que se ha visto muy afectado durante la pandemia. Muchos perdieron sus empleos o quedaron con poco acceso económico, lo que les impide pagar un arriendo o servicios, y eso ha generado, por ejemplo, que sus arrendatarios los agredan o los desalojen apelando a su nacionalidad y su diversidad”, señaló el coordinador.
Por otro lado, buena parte de la población venezolana LGBTI ejerce el trabajo sexual, en especial mujeres trans y hombres homosexuales. Ante la ausencia de medios de subsistencia o ayudas estatales, se han visto en la obligación de salir a la calle. En esas circunstancias, comentó Rangel, se han presentado “encuentros desafortunados con entes gubernamentales y sociedad civil”.
Caribe Afirmativo también reveló que, en medio de la emergencia por la covid-19, pudo identificar una nueva forma de violencia, la cual consiste en “la negación en el acceso a servicios humanitarios, aún cuando habían sido beneficiados con estos”. De este tipo se tienen documentados dos casos en el país.
Para esta organización, es claro que la pandemia recrudecerá las condiciones de precariedad y vulnerabilidad de esta población, además de dificultar aún más el acceso a derechos como salud y vivienda, por lo que, a través de este informe, invita a la institucionalidad a dar respuesta inmediata ante los desafíos que plantea el fenómeno de migración venezolana en los territorios de acogida.
Sobre INTEGRA
Caribe Afirmativo cuenta con una agenda de movilidad humana dirigida al trabajo comunitario con las personas venezolanas LGBTI migrantes y refugiadas y otros actores del fenómeno de migración venezolana.
Con el proceso de INTEGRA, busca dar respuesta a la violación de derechos humanos hacia estas personas a través de incidencia política y social, formación de liderazgos de personas venezolanas y sensibilización social en las comunidades de acogida.
Esta semana tuvo lugar el sexto encuentro de líderes y lideresas venezolanas LGBTI de la región Caribe que forman parte del proyecto.
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