La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales. Así lo reseña armando.info
Patricia Marcano / Joseph Poliszuk / Gabriela Henríquez
Como si se tratara de un viaje a la Venezuela profunda, donde a medida que el viajero se aleja de la capital va encontrando pueblos y ciudades con desigualdades insospechadas, la justicia venezolana se muestra cada vez menos independiente del partido de Gobierno mientras más alejados estén los tribunales de Caracas.
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Las tendencias nacionales en cuanto a la autonomía del Poder Judicial resultan vergonzosas de por sí. Las dos variables principales para medir la imparcialidad de un sistema de justicia, que serían la titularidad de los cargos y la ausencia de militancia política de los juristas, concentran en Venezuela las cifras más distantes al estándar de calidad. Casi nueve de cada diez de los jueces venezolanos (84,9%) no son titulares: se pasean entre cargos de libre remoción bajo las figuras de provisorio, temporal, itinerante y suplencia especial. Desde 2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los concursos de oposición que normaban el ingreso de los jueces al Poder Judicial, la imparcialidad en la administración de justicia quedó gravemente condicionada.
Y la segunda variable, sobre la militancia o parcialidad política, llega a escala nacional a 56.3%. Poco más de la mitad de los jueces venezolanos que se mantienen activos en los tribunales visten togas rojas.
Pero ambos indicadores muestran peor desempeño cuando la mirada se fija en las entidades más rurales y lejanas de la capital.
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Es como una fuerza de gravedad al revés, en la que la atracción se hace más potente según aumenta la distancia con respecto al poder central. A esta comprobación contraintuitiva se ha podido llegar luego de limpiar y verificar datos, cruzar variables y hallar patrones a partir de la descarga y recopilación de toda la información oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pública hasta hace poco en su portal web, y que ha sido sistematizada en una gran base de datos por Armando.Info, actualizada hasta abril de 2019.
Esta radiografía del Poder Judicial venezolano, resultante de un amplio trabajo de periodismo de datos que se prolongó por más de un año, permite detectar situaciones tan extremas como la existencia de estados donde ni siquiera uno de cada diez jueces posee la titularidad del cargo y el que más tiene (el céntrico estado Miranda) apenas llega a la proporción de tres por cada diez (28%). Que casi 80% de la plantilla de jueces de un mismo estado milita en el partido de Gobierno, superando el penoso promedio nacional; y que hay entidades donde las sentencias sobre inhibiciones y recusaciones -figuras empleadas cuando la imparcialidad del juez está en duda- son mayores, como en Monagas, Apure y Barinas. En estos tres, las inhibiciones de jueces coinciden con su militancia, mientras que Barinas despunta con la mayor cantidad de jueces recusados (una de las partes pide que el juez abandone el caso).
(aquí puede ir el gráfico sobre los % de fijos y no fijos en los 24 estados)
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En Delta Amacuro, Apure y Amazonas, estados lejanos dentro de la geografía nacional y entre los más pobres del país, la imparcialidad de las decisiones tomadas en sus tribunales está por verse. Sus plantillas de jueces son las más vulnerables o manipulables: 96% de los jueces de Delta Amacuro no son fijos y las proporciones son igual de graves en Apure (94.5%) y en Amazonas (93.4%).
Las decisiones no solamente quedan comprometidas por la dependencia casi absoluta a un ente rector politizado (el TSJ), sino también por una afiliación política que no debería existir y que, sin embargo, ni siquiera ocultan. El principal transgresor es Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez, líder de la “revolución bolivariana”; allí 78.7% de sus jueces tienen filiación política. Le sigue Monagas (77.9%), de donde es oriundo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Y completan el cuestionado ranking de parcialidad los estados Apure (76%), Delta Amacuro (75%) y Amazonas (65.2%). En todos ellos el concepto de justicia queda desdibujado.
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