Como parte del plan del régimen de Nicolás Maduro para manipular el proceso electoral a fin de garantizarse el triunfo en las elecciones legislativas de este domingo y de las que vendrán, hay algunos grupos más perjudicados que otros. Probablemente, ninguno tanto como las comunidades indígenas, que han resistido una y otra vez los avasallamientos de las autoridades y que, por eso, están siendo privadas de uno de los derechos más esenciales: el voto.
Las organizaciones de derechos humanos Provea y Laboratorio de Paz presentaron este miércoles un informe que detalla los distintos mecanismos a través de los cuales el régimen está “extinguiendo el voto indígena”. “El nuevo reglamento electoral, falta de protocolos claros e información diferenciada de la pandemia covid-19 vulnera el derecho al sufragio, la participación política y pone en riesgo la salud de pueblos y comunidades indígenas de Venezuela”, sostiene el documento, titulado “La extinción (del voto) indígena”.
Es una de las tantas prácticas en las que el gobierno chavista ido en contra de sus propias proclamas al darse cuenta de que podían ser una amenaza para su supervivencia en el poder. Porque fue la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela impulsada por Hugo Chávez en 1999 la que incorporó todo un capítulo dedicado a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La ley suprema les garantiza tres bancas en la Asamblea Nacional, “por votación universal, directa, personalizada y secreta”, y “respetando sus usos y costumbres”.
El problema es que el sistema incluía una trampa, que se fue magnificando con el correr del tiempo: todas las personas inscritas dentro de las regiones especiales indígenas pueden votar por los tres candidatos que les corresponden a las comunidades, sean o no miembros de estas. Lo que venía ocurriendo es que los registros se hicieron de modo tal que una mayoría no indígena termina decidiendo a los representantes originarios.
Ante los reclamos, Aloha Nuñez, ministra del para los Pueblos Indígenas, se comprometió a atender estas demandas y afirmó que se encargaría de que los candidatos sean elegidos “por el verdadero pueblo que está en comunidades, que está en las bases”. Sin embargo, parece estar sucediendo lo contrario.
Según el informe presentado por las ONG, en agosto y septiembre, precisamente en el peor momento de la pandemia, y en vigencia de una estricta cuarentena, el Gobierno informó la realización de “asambleas comunitarias” en 4.000 comunidades indígenas de 10 estados del país para la selección de candidaturas. No solo no se anunciaron previamente las condiciones para la participación, sino que tampoco se dieron detalles de los resultados, lo que hace sospechar que se trató de “asambleas fantasma”, para oficializar a postulantes adictos al régimen.
Sería coherente con un proceso electoral del que, ante al falta de garantías elementales de transparencia, la oposición decidió no participar, sabiendo que el resultado estaba decidido antes de empezar. La Asamblea Nacional es el único poder que le falta controlar al régimen de Nicolás Maduro, que parece dispuesto a todo para conseguirlo este domingo.
Por su parte, Juan Guaidó llamó a la población venezolana a permanecer en sus hogares, para no avalar la farsa electoral. “El 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura. Es en la calle donde se defienden los derechos y allí los vamos a defender. Tenemos que ir calle a calle, casa a casa, hombre a hombre, todo para llevar el mensaje”, dijo Guaidó durante una recorrida por el bulevar de Sabana Grande, en Caracas.
“(Maduro) sigue usurpando funciones en Miraflores, pero nosotros estamos en el lugar que nos hizo mayoría, en el que se nos permite defender los derechos… en la calle, donde vamos a seguir”, agregó.
Guaidó promovió también la consulta popular que realizará la Asamblea Nacional que él preside entre el 5 y el 12 de diciembre. El objetivo es que la ciudadanía pueda expresar su rechazo a los comicios organizados por el gobierno y manifestar si estaría de acuerdo con la realización de elecciones presidenciales totalmente libres, con plena participación opositora y monitoreo internacional.
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