15 de los 23 muertos por enfrentamientos en la Cota 905, entre ellos un niño, no tenían relación con las bandas criminales de la zona. Hasta ahora, sólo cuatro de las víctimas identificadas por Monitor de Víctimas presuntamente pertenecían a los grupos delincuenciales.
Desde el 7 de julio se reactivaron en la Cota 905, en Caracas, los enfrentamientos armados entre efectivos policiales e integrantes de la banda de «El Koki». Por más de 48 horas, residentes de ese sector y zonas aledañas, como El Paraíso, La Vega, El Cementerio, etc, estuvieron atrapados en sus casas, para resguardarse de los tiros que iban y venían, sin distinguir entre civiles y funcionarios, y delincuentes. Por ahora, parece que han cesado dichos enfrentamientos; sin embargo, aún permanecen en la población los efectos de los daños colaterales que estos generaron.
Mairim Fernández, coordinadora estratégica de Otro Enfoque, una ONG que ha trabajado con jóvenes de la Cota por alrededor de tres años y que además brindó asistencia a los desplazados por el conflicto armado, aseguró que actualmente la ayuda que más necesita la comunidad es psicológica y no tanto material. Como organización receptora de niños de esa parte de la ciudad – aquellos que lograron salir de sus casas apenas pararon las balas durante la mañana del viernes 9 de julio- dice que aún los mantendrán bajo su cobijo puesto que no hay condiciones seguras para el retorno a sus hogares.
«Hubo mucha situación de violencia, el impacto que esto ocasionó en nuestros niños y niñas fue fuerte. Tenían miedo de perder la vida y perder sus casas (…) Las personas que viven allí son una comunidad organizada con niños que tienen grandes expectativas, pero el temor de ellos es llegar a ser adolescentes, y el de los padres, que estos enfrentamientos lleguen y puedan ser expuestos a violencia, tanto en enfrentamientos entre grupos delictivos o enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad del Estado«, comentó Fernández durante su participación en el foro de TalCual «Cota 905, una nueva zona en reclamación».
En las balaceras de inicios de julio un niño que resultó herido de bala falleció en el centro asistencial al que lo llevaron. Tenía apenas 11 años y su vida, como la de muchos otros vecinos inocentes de la zona, llegó a su fin injustamente. Es justo por este tipo de situaciones que la integrante de la ONG considera necesario que se desarrollen políticas públicas que permitan generar espacios seguros para que estos niños puedan desarrollarse y evitar que aumente la «cantidad de víctimas e inocentes que se llevan de por medio» en los operativos policiales.
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