Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU, recomendó por segunda vez al régimen de Nicolás Maduro la eliminación del cuerpo policial Fuerza de Acciones Especiales (Faes) debido al incremento de las ejecuciones extrajudiciales que se han saldado con el asesinato de más de 2.000 jóvenes en lo que va de año.
Por Ludmila Vinogradoff – ABC DE ESPAÑA
La expresidenta de Chile presentó su informe de actualización, donde «le preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020».
Calificó de positivas la detención de cinco miembros de la Faes, presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. «Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento», citó en su informe.
Bachelet resaltó que el Ministerio Público venezolano informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las Faes en distintos estados del país.
Su preocupación coincide con el informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU, presidida por Marta Valiñas, quien en rueda telemática con los miembros de Caracas Press Club, entre ellos ABC, dijo que «funcionarios de las Faes confirmaron códigos y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar».
El informe de Bachelet actualizado fue presentado en la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra donde se denuncian las graves violaciones de los DD.HH. que se han ejecutado en Venezuela durante la pandemia del coronavirus.
Su oficina en Caracas siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del Estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo detenciones de manifestantes, quienes protestan por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.
Subrayó que aún existen restricciones a la libertad de expresión. «Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas», refirió.
Sobre el retorno de los migrantes venezolanos al país, reconoció los esfuerzos de las autoridades, sin embargo, manifestó su preocupación sobre el discurso estigmatizador de algunas autoridades que los responsabilizan de introducir la Covid-19 en Venezuela.
Al referirse a la crisis generada por el Covid-19, aseveró que la pandemia se ha sumado a otras emergencias previas, como la alimentaria.
«Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo», acotó.
El salario mínimo cayó hoy a menos de 1 dólar (0,90) que solo alcanza para comprar una docena de huevos, y la inflación a más de 3.000%.
Muerte de personal sanitario
La Alta Comisionada indicó que a pesar de existir la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la Covid-19 en los centros de detención, se deben mejorar las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
Asimismo, Bachelet informó que el 33% de las muertes por Covid-19 han sido del personal de salud debido a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.
Elecciones libres y democráticas
Bachelet también criticó la falta de libertad en la selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), la modificación de la representación indígena, los cambios del sistema electoral y el incremento de escaños de la Asamblea Nacional, violentando los derechos políticos consagrados en la constitución venezolana.
Destacó que «es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos».
«Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos», concluyó.
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