El partido Comunes se han estrellado con las dificultades de hacer política en Colombia, uno de los puntos más tensos del acuerdo de paz.
Es martes, un día de intensa actividad legislativa. El senador Julián Gallo baja a toda prisa por las escaleras los siete pisos del nuevo edificio del Congreso, custodiado por tres escoltas de la Unidad Nacional de Protección que fueron guerrilleros como él. Atraviesa el túnel que conecta con el Capitolio Nacional, un edificio neoclásico con un siglo a cuestas ubicado en el costado sur de la Plaza de Bolívar, el corazón de Bogotá, a pocos metros de la Casa de Nariño, el palacio de Gobierno. Las mismas instituciones contra las que estuvo alzado en armas antes de suscribir hace cinco años el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy desarmadas y convertidas en el partido político Comunes.
Negociador en los diálogos de La Habana, es más conocido como Carlos Antonio Lozada, su nombre en la guerra, pero en la Comisión Primera Constitucional Permanente a la que pertenece, una de las apetecidas por los congresistas, contesta presente cuando lo llaman como Gallo Cubillos Julián. Es uno de los cinco senadores, de 22, que asiste de manera presencial esta mañana. Los demás se conectan vía Zoom por una pantalla gigante. Interviene con elocuencia para defender un proyecto de ley sobre resocialización de presos, de autoría de Comunes y otros partidos de oposición al Gobierno de Iván Duque, un crítico de los acuerdos de paz que ahora debe implementar.
“El objetivo es aportar en la constitución de una nueva política criminal y penitenciaría”, defiende Gallo, de gafas y tapabocas, al remitirse tanto a la Corte Constitucional como a tratados internacionales, en una amplia exposición de razones. De forma cordial, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, el más feroz opositor del proceso de paz, despliega una serie de reparos de manera virtual y propone aplazar la discusión, lo que se termina aprobando.
En una postal de la difícil transición que atraviesa Colombia, la plazoleta en la que se encuentra la Comisión Primera lleva desde hace tres lustros el nombre de Álvaro Gómez Hurtado, y allí se levanta un busto del asesinado dirigente conservador con el puño en la barbilla. El hoy senador Gallo sacudió hace un año a la sociedad al admitir ante la justicia transicional su participación en 1995 en ese recordado magnicidio, un crimen que nunca ha sido esclarecido. Gallo es uno de los líderes más visibles del rebautizado partido político Comunes que, después de haberse llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, a comienzos de año decidió dejar atrás las siglas que identificaron durante más de medio siglo a la guerrilla y que aún generan resistencia en múltiples sectores de la sociedad.
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