Familiares y compañeros de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, desconocen su paradero desde que el pasado viernes fuera detenida cuando intentaba salir del país en el aeropuerto internacional de Maiquetía. «Exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos», alertó la ONG Provea.
Según distintos medios locales, San Miguel, experta en cuestiones militares y que goza de reconocimiento y prestigio internacional, fue mencionada en el caso denominado Brazalete Blanco, que forma parte de las cinco presuntas conspiraciones que la revolución bolivariana exhibe como justificación para su última arremetida contra la oposición y contra las ONG.
Se da la circunstancia además de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó la semana pasada al Gobierno venezolano a que cumpliera la sentencia del caso Lista Tascón, la cruzada comenzada hace casi dos décadas por San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang. Las tres mujeres fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras en aplicación de la famosa Lista Tascón, en la que se incluyó a miles de venezolanos que habían firmado a favor de llevar a cabo un proceso revocatorio contra Hugo Chávez.
«Llevamos casi 20 años luchando por la justicia, verdad y reparación en este caso», subrayó la propia San Miguel en sus redes sociales.
«Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho muy grave que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas», añadió Provea.
En la actualidad las mazmorras de Nicolás Maduro albergan a 261 presos políticos, según el Foro Penal. Entre ellos destacan 18 mujeres, tres de ellas con nacionalidad española.
Cerca de cumplir mil días entre rejas permanece Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes, que al igual que San Miguel con los asunto militares, se había destacado por desvelar información acerca de la estrecha relación de la revolución bolivariana con las guerrillas colombianas.
«A esta hora se desconoce su paradero, lo cual configura lo que en diversos informes de Naciones Unidas se ha denominado desaparición forzada breve, lo cual ocurre con frecuencia en Venezuela. Esto constituye una grave violación al debido proceso, a la defensa y es una violación a los derechos humanos», constató la dirigente opositora Delsa Solórzano.
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