Una veintena de integrantes del régimen de Nicolás Maduro y de sus empresarios aliados fueron trasladados en la noche del martes hasta la fiscalía, donde se les emitió órdenes de detención por su presunta participación en el más reciente desfalco de miles de millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela.
Por ANTONIO MARIA DELGADO – EL NUEVO HERALD
Pero entre los procesados no se encontraba el presunto cabecilla del entramado de corrupción, el sancionado ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, cuyo paradero sigue siendo un misterio. La situación ha estado generando dudas y preguntas sobre las proclamadas aspiraciones del régimen de limpiar casa. “¿Dónde está Tareck El Aissami? ¿Por qué no le da la cara al país?”, manifestó en un comunicado María Verdeal, vicepresidente nacional del partido opositor Movimiento al Socialismo.
“Que nos explique cuál es la situación jurídica de él ante estos hechos de corrupción bochornosos en PDVSA y de la gran vida que se estaba dando un grupo de funcionarios públicos”.
Informes de prensa preliminares estiman que al menos $3,000 millones han desaparecido de PDVSA a través de ventas paralelas de petróleo cuyos recaudas eran presuntamente embolsillados por los integrantes de la red de corrupción, pero informes que surgieron posteriormente afirman que el monto podría ser aún mayor.
El esquema de corrupción hacía uso de las operaciones con criptomonedas empleadas por el régimen para esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la venta de petróleo venezolano.
En un evento transmitido por la televisión estatal en la noche del martes nueve empleados públicos, un diputado vinculado a El Aissami y diez empresarios vinculados con la operación fueron presentados hasta fiscales del régimen.
El fiscal de Maduro, Tarek Saab, dijo que tres jueces vinculados al entramado de corrupción también serían procesados. Los detenidos hasta unas semanas atrás se encontraban entre la reducida élite chavista que disfrutaba de una vida de lujo y esplendor que contrastaba con las pronunciadas dificultades económicas por la que atraviesa la población venezolana.
La fiscalía dictó órdenes de detención contra los acusados, ratificando sus detenciones mientras transcurran sus respectivos juicios. Pero entre ellos no figuraba El Aissami, quien renunció la semana pasada a través de las redes sociales mientras sus allegados eran apresados.
“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente el proceso”, escribió El Aissami en su cuenta de Twitter.
La renuncia fue aceptada pocas horas después por Maduro, quien en encuentro sostenido con la máxima cúpula del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se refirió en repetidas ocasiones contra los funcionarios implicados como traidores sin llegar a mencionar el nombre de El Aissami.
El Aissami, quien ha sido visto como uno de las principales piezas de enlace entre el régimen de Maduro y el gobierno iraní, se había convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos de Venezuela, pero los montos presuntamente involucrados en la recién revelada operación de corrupción colocaría su fortuna personal en niveles estratosféricos.
El Aissami es investigado por la justicia de Estados Unidos desde hace varios años, que lo considera uno de los principales jefes de las operaciones de narcotráfico en Venezuela y el principal enlace entre el régimen de Maduro y las organizaciones extremistas del Medio Oriente.
Pese a haber sido sancionado por narcotráfico, el dirigente chavista fue durante meses vicepresidente ejecutivo de Maduro y hasta este mes era visto como una de las figuras más poderosas del régimen venezolano. La presunta operación de desfalco sale a la luz pública en medio de un recrudecimiento del descontento militar ante la pronunciada caída en el nivel de vida de los militares.
Los últimos meses han visto un acelerado incremento en el número de solicitudes de bajas por parte de oficiales que ganan entre $25 y $50 al mes, lo que ha obligado a la máxima cúpula militar a autorizar que muchos de ellos salgan a la calle para tratar de ganarse la vida por sus propios medios.
Los arrestos, ejecutados por la chavista Policía Nacional Contra la Corrupción, fueron ordenados por la facción del chavismo encabezada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, quienes por meses encabezaban un bloque dentro del chavismo que rivalizaba contra el sector encabezado por El Aissami.
Entre los detenidos se encuentra Joselit Trinidad Ramírez, un cercano colaborador de El Aissami que estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Según el diario venezolano El Nacional, entre los detenidos también se encontraban tres jueces, un superintendente, dos militares y el alcalde del municipio Santos Michelena en el estado Aragua, Pedro Hernández, quien es acusado de proteger a bandas delictivas dentro del sector.
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