Las críticas internacionales y las advertencias del fiscal de la Corte Penal Internacional ejercieron un papel clave para el retorno del personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH a Venezuela, según expertos en la materia.
El retorno a Venezuela del personal adscrito a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 10 meses después de su expulsión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ocurre por “la presión” de la comunidad internacional y en medio del agravamiento de la persecución política tras las elecciones, según los expertos.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para la promoción y la defensa de los derechos humanos, adelantó este lunes el retorno “parcial” de su equipo al país suramericano, mientras que la cancillería venezolana lo confirmó un día después.
El retorno de parte del equipo de Türk a Venezuela significa que se reanuda la cooperación del gobierno de Maduro con su oficina, siempre “bajo los términos de independencia, soberanía y no intervención en los asuntos internos”, de acuerdo con Caracas.
En febrero, el oficialismo venezolano anunció la “revisión integral” de la cooperación técnica que ambas partes habían firmado en 2019 y expulsó a 13 funcionarios de la oficina del Alto Comisionado. Entonces, Türk había expresado su profunda preocupación por la detención en Venezuela de la abogada y activista de DDHH Rocío San Miguel.
Casualmente, el anuncio del retorno parcial del equipo de Türk coincidió con la filtración de fotografías de San Miguel por primera vez desde su detención y el reporte de sus defensores de que sufre una fractura en un hombro, que urge operarse.
La comunidad internacional presiona
El personal de la oficina de Türk “es producto de la presión de la comunidad internacional”, según el abogado Calixto Ávila, representante en Europa del Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos, conocida como Provea.
El anuncio sobre el personal de la ONU en Venezuela ocurre una semana después de que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Karim Khan recordó que Venezuela había prometido trabajar en el retorno de ese equipo, sin que se hubiera concretado.
Khan, que investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, reclamó a las autoridades de ese país la aplicación de medidas en defensa de los derechos humanos y abrió la puerta a que su oficina indague sobre posibles delitos graves tras las elecciones de julio, que Maduro ganó sin que se presentaran evidencias ni desglose de la votación.
Ávila, de Provea, también recuerda que la vuelta de los funcionarios de Naciones Unidas se concreta días antes de que el Consejo de Derechos Humanos escuche un informe verbal de Türk sobre Venezuela, previsto para este viernes.
El gobierno acepta el retorno de la oficina de Türk por “la necesidad del señor Maduro de mostrar que está cooperando con las instancias internacionales”, afirma.
Maduro, sus fuerzas de seguridad y sus aliados políticos están bajo escrutinio de parte de la comunidad internacional no sólo por las dudas sobre su triunfo electoral en julio, sino por la persecución y los arrestos de 2.000 activistas y dirigentes opositores tras la votación.
Las denuncias del antichavismo, los gobiernos críticos de su gestión y organismos internacionales y multilaterales incluyen críticas por la encarcelación de más de 100 adolescentes por protestar los controvertidos resultados electorales.
Una presencia «importante» en el terreno
Carlos Lusverti, abogado y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, aplaude el retorno de la oficina de Türk, así sea parcialmente.
“Siempre es importante que haya mecanismos de monitoreo sobre Venezuela”, a pesar de la reducción del número original de funcionarios, apunta.
Lusverti explica a la VOA que la oficina de Türk tiene un mandato de protección, asistencia técnica y promoción de los derechos humanos en Venezuela. Su labor debe incluir visitas a centros de reclusión, entrevistas con víctimas y defensa de los derechos humanos, detalla.
Sin embargo, ese personal “tenía una capacidad de actuación limitada” antes de su expulsión en febrero. El experto espera que tengan mayor éxito en sus funciones en esta nueva fase.
“La presencia de estos funcionarios tiene que traducirse en que tengan capacidad de proteger derechos humanos de la población y defensores de DDHH. Es importante que tengan la capacidad de dirigirse a las autoridades y tener peticiones concretas”, dice.
El personal adscrito a la oficina del Alto Comisionado retorna a Venezuela cuando se conocen nuevas detenciones de políticos opositores y denuncias de “asedio” de la embajada argentina en Caracas, donde se refugian 6 dirigentes del antichavismo.
Ávila, abogado de Provea, explica a la Voz de América que la presencia “en el terreno” de los funcionarios de Türk permite alimentar sus informes sobre los derechos humanos en Venezuela, que son “documentos oficiales” disponibles para su uso por parte de otras instancias, como la Corte Penal Internacional y el sistema interamericano de DDHH.
“El otro valor es que se realizan recomendaciones al Estado venezolano. Es un punto muy importante”, dice.
“Permite hacer una evaluación de si el gobierno está actuando de buena fe ante los tratados internacionales”, señala.
“Su incumplimiento (del compromiso del gobierno) representa que acepta esa presencia de manera ornamental, pero sin ninguna voluntad de adoptar esas recomendaciones”, añade.
Lusverti, por su lado, advierte sobre la posibilidad de que el gobierno permita el regreso del personal de la ONU para “tratar de mejorar su imagen internacional”.
¿Lavado de cara?
Ligia Bolívar, educadora, defensora y especialista en derechos humanos por casi medio siglo, considera que ni la expulsión ni la vuelta de los funcionarios de la ONU han ocurrido de forma transparente. “Es difícil pensar que hay unas mejores condiciones (para su trabajo) en este regreso parcial”, comenta a la VOA la coordinadora de la ONG Alerta Venezuela DDHH.
De acuerdo con información recibida por los defensores y promotores de derechos humanos, el nuevo equipo en Venezuela del Alto Comisionado estará integrado por sólo tres funcionarios, uno de los cuales ya se encuentra en el país.
“Hay un problema de transparencia” en esta nueva etapa, insiste, remarcando que “no se sabe en qué condiciones regresan”.
Bolívar celebraría el retorno de los funcionarios de Naciones Unidas si su presencia per se ejerciera una labor de “contención” a las violaciones de DDHH en Venezuela, pero advierte sobre la posible utilización del organismos para que el gobierno de Maduro “se lave la cara” antes del 10 de enero, tratando de “hacer ver una normalización, que todo está bien, que Venezuela es un país democrático”.
El anuncio sobre la oficina de Türk también ocurre un mes antes de la juramentación de Maduro para un tercer mandato, mientras la oposición alerta de fraude electoral y su excandidato presidencial, Edmundo González, promete volver al país de su exilio para asumir la jefatura política del país y liderar una transición democrática.
El gobierno de Maduro ha denunciado una presunta conspiración en su contra y asegura que instalará un nuevo período presidencial el 10 de enero, además mostrándose abierto a las excarcelaciones de algunos de los detenidos durante la crisis postelectoral.
“Hay un afán de normalización, de lavado de cara del gobierno y nos preocupa que esto pueda ser parte” de esa estrategia política, concluye Bolívar en conversación con la VOA.
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