“La primera vez que me revisaron yo me sentí violada, pero no tuve pena porque tenía muchas ganas de ver a mi muchacho. Pero estas últimas requisas han sido las más humillantes que he vivido”.
Entre sollozos una madre relató al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) lo vejatorias que han sido las últimas requisas en el Centro Penitenciario Yare III, estado Miranda, después de las actividades públicas, como las vigilias y concentraciones frente al Ministerio Público, que protagonizaron los familiares de los detenidos arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales.
Desde la fila para entrar al penal las madres ya eran víctimas de violencia psicológica por parte del director del recinto, Ángel Castro, quien las amenazaba con revisarles sus teléfonos celulares y ver sus conversaciones privadas. También les dijo en tono burlón que ni la oposición ni María Corina Machado las ayudaba.
“Cuando estábamos en la cola para la requisa el director salió y comenzó a decirnos: Aquí están las mujeres que les gusta hacer TikTok, que les gusta salir en público y dar declaraciones a la prensa, sigan haciendo TikTok, sigan declarando que ahí les viene su sorpresita”, contó la madre.
Al entrar al área de requisa, donde la acompañaba otra madre, la funcionaria de la Guardia le jaló el cabello para revisarlo y la obligó a sacar la lengua.
“Nos mandaron a desnudar y nos revisaron la ropa en el piso. Después me mandaron a poner en un rincón, me pidió que recostara la espalda en la pared y abriera las piernas como si fuera a parir. La funcionaria me pidió que abriera más las piernas y yo le dije que ya no podía abrir más”, detalló la mujer en medio del llanto.
Y prosiguió: “Mientras estaba con las piernas abiertas me pidió que con mis manos me abriera la vagina, agarró su celular y alumbró en mis partes íntimas. Después me pidió que pujara como si fuese a parir, mientras yo seguía sosteniendo mi vagina con las manos. Fue horrible, me sentí violada sin penetración”.
Al terminar la vejación le pidieron a la madre que se pusiera la ropa. Sin embargo, a la mujer estaba en el mismo cuarto con ella le tocó una requisa más profunda y la funcionaria llamó al director Castro, quien entró al cuarto cuando ambas mujeres estaban desnudas.
“Cuando iba a salir me pidieron que me desnudara otra vez. Aunque ya me habían revisado todo me volvieron a repetir el proceso tal cual como ya lo habían hecho”, agregó.
Humberto Prado, director del OVP, explicó que la radicalización en las requisas, luego de que las mujeres asistieron a varios actos públicos es una política del Estado para intimidar, atemorizar y crear pánico a los familiares, con la intención de limitar su derecho a la información y a la protesta.
Considera que estas requisas son una grave violación del derecho a la dignidad y son empleadas para intimidar, acosar, discriminar y tomar represalías contra las mujeres por declarar a los medios de comunicación.
“No tenemos autonomía de poderes. La Defensoría del Pueblo no vela por los derechos humanos de los presos, el Ministerio Público no investiga, a través de su dirección de Derechos Fundamentales, a ningún funcionario público. Las investigaciones solo son contra el preso y su familiar. Estos funcionarios son cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
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