Bruselas quiere restringir las normas de asilo para evitar nuevos “ataques híbridos” como el del régimen de Bielorrusia.
La UE entra en 2022 envuelta por ese viejo demonio europeo que es la inmigración, capaz de poner patas arriba las instituciones de Bruselas. La reciente crisis en la frontera este con Bielorrusia parece casi extinguida, pero la afluencia de miles de personas promovida por el régimen de Aleksandr Lukashenko ha revuelto unas aguas que aún no se habían calmado desde la crisis de refugiados de 2015. Por primera vez, la UE ha empezado a tratar los flujos migratorios como un problema de seguridad y defensa, relegando incluso la protección del derecho al asilo, un endurecimiento que parece llamado a continuar durante 2022. La emergencia por la acción de Minsk, que arrancó en verano y alcanzó un punto máximo en noviembre, ha provocado que la Comisión Europea eleve el tono político, que no dudó de calificar los hechos de “ataque híbrido”; a esto le han seguido propuestas más restrictivas sobre las normas de protección internacional cuando los migrantes son “instrumentalizados” por Gobiernos del entorno de los Veintisiete para lograr objetivos políticos. La iniciativa ―rechazada por ONG y buena parte del Parlamento Europeo, que consideran que vulnera valores fundacionales de la UE― es un aviso del viraje de Bruselas en materia migratoria. Y promete dejar nuevas secuelas existenciales, con Europa sentada una vez más en el diván preguntándose por sus grandes contradicciones.
El flujo de migrantes y potenciales refugiados orquestado por Minsk en la frontera oriental de la UE parece haber cesado, tras el esfuerzo de la Comisión de frenar el embate con una mezcla de prohibiciones a aerolíneas y agencias de viajes que participen en la creación artificial de crisis migratorias junto a las fronteras europeas; negociaciones con los Gobiernos de los países de origen sobre las concesiones de visados; y una quinta ronda de sanciones contra Bielorrusia. “Ciertamente, a Lukashenko no le han salido bien las cosas”, señalaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un encuentro con periodistas poco antes de las vacaciones de Navidad. “Si pensaba que con esta presión en nuestras fronteras iba a conseguir algo, realmente no ha logrado nada más que crearse un problema a sí mismo”.
Pero Lukashenko sí ha provocado, al menos, que Bruselas se sitúe en posición de alerta ante lo que considera un nuevo fenómeno. “Llamémoslo por su nombre: se trata de un ataque híbrido para desestabilizar Europa”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en septiembre en un discurso sobre el Estado de la UE. Originalmente llamada “guerra híbrida”, incorpora fuerzas no convencionales como la afluencia organizada de migrantes y la desinformación.
Con el desastre de Afganistán en marcha, tras la caótica salida de Occidente, y otros conflictos cocinándose a fuego lento ―con Etiopía como uno de los principales focos en el África subsahariana―, todo parece anunciar meses de tensión migratoria. Ya 2021 ha acabado con más de 120.000 entradas irregulares por el Mediterráneo (un incremento de casi el 30% con respecto al año anterior), según datos provisionales de mediados de diciembre incluidos en un informe interno de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
En la frontera este, las cifras son bajas, pero astronómicas en términos comparativos: de 677 entradas irregulares hace un año se ha pasado a más de 8.000 entre Polonia, Lituania y Letonia, los tres vecinos comunitarios de Bielorrusia, donde también se han disparado las solicitudes de asilo: hasta un 181% más en Polonia, multiplicándose por diez en Lituania y por cuatro en Letonia.
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