El régimen venezolano dijo el lunes que perdonará a más de 100 opositores políticos que han sido objeto de enjuiciamiento en lo que equivaldría a la mayor amnistía política del país en casi una década.
Por Anatoly Kurmanaev | The New York Times
La medida se produjo cuando Nicolás Maduro intenta romper un boicot de la oposición a las próximas elecciones al Congreso.
Pero la reacción inicial de muchas figuras de la oposición fue mordaz.
Maduro emitió un decreto que pone fin a los casos penales contra más de 20 políticos opositores encarcelados y exiliados, así como decenas de activistas políticos, dijo el portavoz, Jorge Rodríguez, en un discurso nacional sorpresa el lunes.
Muchas personas en la lista nunca han sido acusadas formalmente o incluso presentadas ante un tribunal, y los activistas de derechos pidieron precaución hasta que la medida entre en vigor.
La dictadura describió la acción como una oferta de paz a los opositores mientras el país se tambalea bajo el colapso económico en medio de sanciones estadounidenses más estrictas destinadas a forzar a Maduro a dejar el poder. Dijo que el objetivo del decreto es “profundizar el proceso de unidad nacional” a medida que se acerca la votación del 6 de diciembre en el Congreso.
Pero muchos de los políticos indultados el lunes recurrieron rápidamente a las redes sociales para denunciar los indultos, diciendo que nunca habían cometido ningún delito en primer lugar.
Maduro “está fingiendo clemencia en su desesperación por salvar el resultado de la farsa” de las elecciones, dijo un legislador de la oposición indultado, Juan Pablo Guanipa, quien fue despojado de una victoria en una carrera para gobernador y luego acusado de traición sin pruebas.
“No tienes autoridad para perdonar a nadie“, escribió Guanipa en una publicación de Twitter después del anuncio.
Una victoria en las elecciones le permitiría a Maduro reclamar a la oposición el control de la Asamblea Nacional y extinguir la última fuente de desafío organizado a su tiranía. Pero con la oposición boicoteando las elecciones, él se ha encontrado luchando por crear suficiente competencia para persuadir a la comunidad internacional de que acepte el resultado y alivie las sanciones. El consejo electoral controlado por el gobierno extendió el plazo de inscripción tres veces después de no poder atraer suficientes candidatos.
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