El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En el documento se enumeran asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen chavista.
“Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas partidarias del régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población. Hay informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos. Un informe de la ONU de septiembre detalló el uso sistemático del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar para intimidar y controlar las actividades de los opositores políticos”, dice el documento de la Casa Blanca.
El informe denuncia que el régimen de Maduro no tomó acciones efectivas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los oficiales que pudieron haber cometido violaciones a los derechos humanos o que estuvieron implicados en casos de corrupción.
El documento detalla de numerosos informes en los se dan cuenta homicidios arbitrarios o ilegales cometidos por el régimen de Maduro.
“Aunque el régimen no divulgó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y los colectivos apoyados por el régimen, llevaron a cabo cientos de ejecuciones durante el año”, denuncia el informe.
Entre las decenas de casos denunciados está una masacre cometida por Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El 20 de marzo de 2022 miembros de el ejército asesinaron a cuatro indígenes e hirieron a otros cinco de la comunidad yanomamis en el Amazonas venezolano. El altercado se habría iniciado cuando miembros de FANB se negaron a devolver un router de internet que pertenecía a los indígenas.
Washington señala que la Fiscalía de Venezuela no ha investigado de manera oportuna los crímenes cometido por las fuerzas de seguridad chavista y se niega dar cifras de oficiales que están siendo investigados o que se encuentran en etapa de juicio.
El informe también señala asesinatos contra líderes ambientales, políticos e incluso un policía acusado de corrupción que murió mientras era torturado e interrogado.
Según un informe de junio publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se sometió a una reestructuración en 2021 que resultó en la disolución de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entidad involucrada en muertes en el contexto de operaciones de seguridad. A pesar del anuncio de la ACNUDH, las ONG locales señalaron que el régimen nunca emitió una declaración oficial que confirmara la disolución de las FAES. En septiembre, PROVEA informó que la sede de la FAES reemplazó las siglas de la FAES por la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) y la Dirección de Investigaciones Criminales. PROVEA también señaló que el exdirector de FAES, José Miguel Domínguez, figuraba como director de la DGCO”, señala el informe.
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