Las migrantes que atraviesan el tapón del Darién no solo se enfrentan a abusos sexuales durante el trayecto por la selva; también lo sufren en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) del Gobierno de Panamá. Así lo recoge un documento de las Naciones Unidas sobre graves vejámenes que habrían sido cometidos por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
Por CATALINA OQUENDO | EL PAÍS
“Según estas denuncias, el personal del SNM y del SENAFRONT habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte” entre las estaciones y Costa Rica, dice el documento hecho por la Relatoría especial sobre los derechos humanos de los migrantes y conocido por EL PAÍS. Lo hacen, continúa el texto, “con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica”.
En el documento de 18 páginas, la ONU hace fuertes cuestionamientos al gobierno de Panamá por el manejo de la crisis humanitaria del Darién. No solo denuncia violencia sexual, sino que también afirma que hay personas que hacen trabajos forzados con el fin de obtener los medios para poder pagar los 40 dólares que cuesta el bus y así abandonar las estaciones. “Esta información vendría acompañada de preocupaciones sobre la voluntariedad del trabajo realizado, dada la supuesta falta de alternativas que permitan a las personas migrantes abandonar las ERM”, agrega la ONU.
Privados de la libertad en las estaciones de recepción de migrantes
En 2022, al menos 248.000 migrantes atravesaron la peligrosa selva que separa a Colombia de Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Los asaltos, las desapariciones y la violencia sexual a manos de grupos armados son algunos de los peligros. En 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual; y entre enero y junio de 2022, fueron más de 140 casos durante el recorrido.
Al llegar a territorio panameño y, después de sortear la muerte en el trayecto, los migrantes son alojados en las ERM, que supervisa el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Pero es ahí mismo donde, según el informe de la ONU, se encuentran “de facto privadas de la libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”.
El informe del relator especial para los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales reporta casos de familias retenidas por más de 3 meses en las estaciones por falta de documentos, incluyendo certificados de nacimiento que acrediten el parentesco entre padres e hijos, así como retrasos en los procesos de identificación por parte de las autoridades panameñas. “A las personas que solicitan asilo en Panamá tampoco se les permitiría salir de las ERM hasta el final del procedimiento, que según se informa puede extenderse durante varios meses”, recoge. “Quisiéramos manifestar de manera particular nuestra preocupación respecto a las alegaciones que indican que niños y niñas estarían también detenidos en las ERM”, agrega el texto que también suscriben los relatores especiales en detención arbitraria, desapariciones forzadas o involuntarias; trata de personas; y violencia contra las mujeres y las niñas.
Las condiciones de estos espacios de recepción son, además, “deplorables e insalubres” y “expuestas a situaciones de abuso por parte de las autoridades que gestionan estos centros”. No hay separación de espacios para mujeres, niños y niñas con lo cual, advierte el documento, no se garantiza ni su seguridad y protección, lo que genera riesgos de sufrir violencia basada en el género.
Uno de los correctivos es mejorar la respuesta para investigar los casos de violencia contra las mujeres que es uno de los problemas más graves en esa ruta migratoria. “Las personas que denuncian deben permanecer varios días en las estaciones migratorias mientras el Ministerio Público lleva a cabo las investigaciones, circunstancia que termina disuadiendo a las personas para no denunciar los hechos”.
La ONU también afirma que ha recibido información acerca de personas que han protestado por las malas condiciones y terminan detenidas, sin asistencia legal y sin comunicación con sus familiares durante varios días. “Se ha alegado también que los agentes de Senafront habrían recurrido a un uso excesivo e indebido de la fuerza, supuestamente agrediendo físicamente a las personas migrantes antes y después de su detención. Además, según las fuentes, los agentes se habrían negado a proporcionar alimentos a las personas migrantes detenidas en el lugar de la detención”.
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