Desde febrero de 2019, la presencia militar en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar se incrementó vertiginosamente. Sus habitantes habitantes han tenido que lidiar con los uniformados desde ese entonces, luego de la masacre de Kumarakapay, pero los nuevo brotes de COVID-19 aumentaron la escala de la ocupación.
Por Jhoalys Siverio / correodelcaroni.com
Según la periodista Jhoalys Siverio de El Correo del Caroní, en las últimas 48 horas oficialmente han ingresado a Venezuela 24 casos positivos por la frontera del estado Bolívar con Brasil, municipio Gran sabana. El regreso de más de mil venezolanos por este paso fronterizo disparó las cifras de contagio en la entidad, y es la razón por la cual, según el régimen, se decretó un toque de queda el martes en esa localidad, así como en otros dos municipios fronterizos con Colombia.
La restricción de movilidad comienza a las 4:00 pm hasta las 10:00 am del día siguiente en esta jurisdicción, mayoritariamente territorio del pueblo indígena pemón. Su capital, el pueblo de Santa Elena de Uairén, se ha convertido en los últimos tres años en el puente de salida de más de 540 mil venezolanos, según la Agencia para la ONU de los Refugiados (Acnur).
La declaración de toque de queda se superpone a la militarización no declarada con la que, hace un año, el régimen ocupó el territorio del pueblo pemón. En febrero de 2019, en la víspera de la entrada de la ayuda humanitaria, fuerzas militares perpetuaron la masacre de Kumarakapay. Desde entonces, cambió la vida cotidiana en Santa Elena.
De modo que el nuevo escenario de la pandemia atemoriza aún más a los habitantes de Santa Elena de Uairén, donde se concentra el mayor número de pacientes en aislamiento. “El toque de queda la gente lo aceptó como resignada. Hoy salieron después de las 10:00 am, con poca afluencia, todos asustados. Había poca gente en las calles porque ya no hay mucho dinero para comprar. La gasolina ahora está más cara todavía, porque tiene días que no llega y cuando llega es nada más para los militares”, expuso vía telefónica Francis Carneiro.
Desde 2019 la gestión de la Gobernación de Bolívar se ha concentrado principalmente en el municipio Gran Sabana, y con el decreto de cuarentena mucho más. “Hay muchos cuerpos de seguridad nuevos que uno no conocía. Están todos los de la Gobernación, todos armados. Todos corren al aeropuerto que es su sitio de operación y de allí a las posadas que tienen ocupadas (…) obligaron a los dueños a dar las instalaciones para albergar a las personas que van a estar en cuarentena”, agregó.
Desconfianza hacia el Estado
La poca afluencia en las calles de Santa Elena de Uairén no es solo por el toque de queda: desconfían en las cifras que diariamente reportan Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez o Nicolás Maduro. Están seguros que el régimen maquilla las cifras de contagios reales.
Un indicio es la toma del Hospital Rosario Vera Zurita, en Gran Sabana, por funcionarios de la Gobernación. “Solo los médicos graduados en la misión de los cubanos y los que salen como médicos integrales, y por supuesto la directora, son los que tienen acceso al hospital. La parte administrativa la mudaron a otro sitio, en Cielo Azul”, aseguró una vecina del pueblo.
La cuarentena y sus restricciones no solo los ha afectado económicamente. Francis observa que ya hay rubros que empiezan a escasear, sobre todo embutidos, lo que ha conllevado un aumento en los precios de los productos.
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“Al empezar a desaparecer las cosas, aumentan los precios, lo que costaba tres reales, ahorita cuesta 7 u 8 reales, y así ha ido aumentado todo de 50 centavos en 50 centavos”, agregó Francis Carneiro.
Este miércoles 20 de mayo, primer día del toque de queda, llegó a su casa poco después de las 4:00 pm. Si se topó con dos o tres vehículos más fue mucho.
“Estaba asustada porque ya no había nadie en la calle. A diferencia de estos día que la gente se quedaba un rato más y los agarraba el coronabus y los llevaban a darles una charla, pero ahora no”, relató.
A propósito de esto, anoche el Programa Venezolano de Acción Educación en Derechos Humanos (Provea) denunció la detención del indígena pemón Carlos Rafael Parra Aguirre, de la comunidad indígena de San Antonio. “Nos unimos a la demanda de conocer dónde está el pemón Carlos Rafael Parra. El estado de alarma y toque de queda no puede limitar la posibilidad de traslado para derecho a la salud. Debe respetarse a su vez derechos culturales, usos y costumbres de indígenas en sus territorios”, publicó Provea en Twitter. Dos horas después fue liberado.
Hospitales de campaña
El 18 de mayo, desde el puente Orinoquia, el gobernador Justo Noguera Pietri recibió cinco gandolas para el hospital de campaña a instalar en Santa Elena de Uairén, a donde este 20 de mayo llegaron otros 11 connacionales por la frontera con Brasil.
El hospital de campaña estará dispuesto para la atención de casos positivos de COVID-19 y contará con 48 camas, según precisó Noguera Pietri. Aseguró que personal médico, de enfermería y apoyo contarán con todos los implementos necesarios para la prevención y contención del virus.
El paso fronterizo con Brasil es el principal foco de casos positivos reportados en Bolívar. De acuerdo con los datos periódicos de la Universidad Jhons Hopkins, Brasil es el tercer país en el mundo con más casos de contagios, 291.579 infectados hasta este 20 de mayo; y el sexto con mayor número de muertes (18.859).
Es en Brasil donde también fallecieron recientemente cuatro indígenas venezolanos de la etnia warao. Las muertes se dieron en los estados Pará, Pernambuco y Roraima, según confirmaron autoridades brasileñas.
Con información de correodelcaroni.com
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